El Convenio Iberoamericano de Acceso a la Justicia (CIAJ) surge de la necesidad de que los Estados Iberoamericanos cuenten con un convenio internacional vinculante que genere derechos exigibles para la ciudadanía y obligaciones hacia las políticas que impulsan los Estados acordes con la evolución que ha tenido el Acceso a la Justicia en las últimas décadas.
Esto proceso se remonta en un inicio al impulso de la Cumbre Judicial Iberoamericana con la aprobación de las Cien Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en condición de Vulnerabilidad. De esta forma, el Convenio Iberoamericano de Acceso a la Justicia (CIAJ) busca profundizar y concretar estas recomendaciones para convertirlas en obligaciones concretas que permitan mejorar el acceso a la justicia de la población en general y de los grupos en condición de vulnerabilidad en particular.
Por otro lado, en los últimos años ha existido un importante desarrollo conceptual sobre la problemática del acceso a la justicia, debido al impacto de la incursión en las tecnologías en la administración de justicia, así como del desarrollo de nuevos paradigmas vinculados a participación, transparencia, inclusión, género y legitimidad.
Creemos que este Convenio puede ayudar a trazar el futuro de las políticas públicas de Acceso a la Justicia en el ámbito iberoamericano durante las próximas décadas, permitiendo asimismo avanzar en la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 que establece en su meta 3ª “Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos”.
