En un paso decisivo hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y la protección de las víctimas de delitos, la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile aprobó en tercer trámite constitucional el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas. La iniciativa, que forma parte de la agenda de seguridad del Gobierno chileno, fue respaldada de forma unánime por todos los sectores políticos.
La nueva institucionalidad busca garantizar una atención jurídica y psicosocial gratuita, especializada y con altos estándares técnicos y de calidad para quienes han sido víctimas de delitos, facilitando el acceso de las personas a la justicia y consolidando así un sistema más inclusivo.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos de Chile, Jaime Gajardo Falcón, valoró la aprobación del proyecto, señalando que se trata de “un paso muy significativo para la protección de las víctimas de delitos en nuestro país”. Añadió que el nuevo servicio “permitirá que las personas confíen en que la justicia puede resolver sus problemas, acompañadas por un Estado que entrega servicios de calidad y profesionalismo”.
Una estructura nacional descentralizada
El nuevo servicio reemplazará a las actuales Corporaciones de Asistencia Judicial, transformándolas en un organismo público de carácter nacional y descentralizado, con 16 direcciones regionales y centros de atención en todas las comunas o agrupaciones de comunas donde existan tribunales de justicia. Además, la ley incorporará la creación de la Defensoría de Víctimas, que brindará acompañamiento jurídico y psicosocial a personas afectadas por delitos, con especial énfasis en víctimas de hechos violentos.
Por otra parte, cabe destacar el fortalecimiento de la solución colaborativa de conflictos, el refuerzo de la atención a las víctimas y la asistencia jurídica especializada en diversos ámbitos, como la atención de menores y adultos mayores o la asesoría en materia de derechos humanos y discriminación.
De esta forma, la nueva legislación incorpora ocho ejes estratégicos:
- Unificación institucional: Integra la asistencia judicial y la atención a víctimas en un servicio público nacional, facilitando el acceso a la ciudadanía.
- Creación de la Defensoría de Víctimas: Proporcionará atención integral a personas afectadas por delitos, especialmente de carácter violento.
- Fomento de la resolución colaborativa de conflictos, incluyendo mediación obligatoria en materias familiares.
- Asistencia jurídica especializada para diversos grupos: niñez, adultos mayores, personas con discapacidad, víctimas de discriminación, entre otros.
- Establecimiento de estándares de calidad y control en la atención de personas usuarias.
- Garantía de atención profesional, limitando el uso de personal en práctica para asegurar altos estándares técnicos.
- Cobertura territorial total, con centros de atención física y remota en todo el país.
- Implementación gradual del servicio, iniciando en un plazo de 18 meses desde la publicación de la ley, comenzando en la zona norte del país (entre Arica y Valparaíso).
El proyecto contó con un fuerte respaldo ciudadano y político. Durante la votación estuvieron presentes Margarita González y Víctor Martínez, padres de Alejandro Martínez —joven víctima de un delito violento—, quienes han sido impulsores clave de esta ley. Su testimonio, junto al de otras familias, ha sido fundamental en visibilizar la necesidad de una mayor protección institucional para las víctimas.
Desde la COMJIB felicitamos a Chile por la aprobación de esta nueva ley, con lo cual el país avanza hacia un modelo de justicia más inclusivo, moderno y eficiente, que pone en el centro a las personas y sus derechos. Por ende, la creación del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas representa un hito relevante para la región iberoamericana, en el marco de las políticas públicas orientadas a fortalecer la cohesión social, la equidad territorial y la seguridad ciudadana desde una perspectiva de justicia accesible y reparadora.