Nicaragua fue el primer país centroamericano en entender los beneficios de contar con un marco normativo armonizado para luchar contra el crimen organizado. El proyecto de ley contó con el respaldo y la aprobación de la Asamblea Legislativa gracias al compromiso, la fortaleza y solidez de las instituciones del Estado nicaragüense involucradas en el proyecto.
La Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, a través de su vicepresidente, Marvin Aguilar, lideraron este proyecto que repercutirá en mejorar la seguridad ciudadana a través de la modernización de los códigos penales y el fortalecimiento de la política criminal. Para esta tarea se creó una Comisión Técnica, instaurada a través de la Comisión Interinstitucional de Coordinación del Sistema de Justicia Penal, presidida por el vicepresidente del Poder Judicial, Marvin Aguilar García y otros magistrados, así como por la Fiscal General de la República, Ana Julia Guido, la presidenta de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, Irma Dávila , la ministra de Gobernación, Ana Isabel Morales y el General Denis Membreño Rivas, Director de la UAF. Un equipo de expertos de la COMJIB liderados por Javier Álvarez García, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Carlos III de Madrid acompañaron este proceso en el participan distintas instituciones del sistema de Justicia Penal, como la Corte Suprema, fiscales, policías, ejército y otras instituciones como la Asamblea Legislativa y las universidades. La COMJIB, a solicitud del Gobierno Nicaraguense ofreció asistencia técnica para elaborar un proyecto de reforma legislativa en materia penal y procesal para adaptar la normativa al marco regional y poder combatir de forma más ágil este tipo de criminalidad especialmente sofisticada.
“Parte del éxito del proyecto es que nos encontramos con instituciones fuertes y sólidas, que trabajan con eficacia y coordinación, lo que para nosotros, como delegados de la COMJIB, representa ventaja porque significa que Nicaragua no tendrá dificultad al momento de implementar este proyecto regional en su legislación”, expresó Francisco Javier Álvarez. “Lo que sí debe quedar claro es que el crimen organizado no se va a eliminar del todo, pero sí controlarlo y evitar su evolución. Nicaragua puede sentirse satisfecha de lo que ha logrado hasta el momento, pero debe estar atenta en no descuidar esa fuerza contra los delitos del crimen organizado, por ser un país de tránsito”, asegura Álvarez.
Por su parte el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Marvin Aguilar, considera que Nicaragua cuenta con la legislación penal más completa de toda Centroamérica y de esta manera “el país está sirviendo de muro de contención para el crimen organizado”.