La libertad de movimientos de bienes, servicios y personas propia de la liberalización de los mercados en el mundo contemporáneo, aunada a las oportunidades que brindan las nuevas tecnologías como también la facilidad de acceso y rapidez de los medios de transporte, posibilitan hoy en día el extraordinario incremento y fluidez de las transacciones económicas internacionales, pero también desafortunadamente han coadyuvado al vertiginoso crecimiento y expansión de formas organizadas de criminalidad con un potencial criminógeno nunca antes visto.
Las organizaciones criminales de nuestro tiempo distan mucho de los clásicos grupos de “picaresca” conformados por bandoleros y piratas y de la organización “mañosa” constituida por individuos que efectuaban hurtos y estafas habilidosas a pequeña escala.
Hoy en día las organizaciones criminales actúan con criterios y modelos empresariales, desarrollando en un ámbito supranacional un amplio catálogo de actividades delictivas que les generan fabulosos beneficios económicos.
Y es que las sociedades latinoamericanas, entre las que se encuentran las ubicadas en el área geográfica del SICA, se enfrentan en los últimos años a los desafíos que plantea reducir a niveles manejables el alarmante incremento de las actividades desplegadas por grupos y organizaciones criminales dedicados de manera sistemática al tráfico ilícito de drogas, tráfico ilícito de armas, lavado de activos, trata de personas, etc.. que desbordan la capacidad operativa de los sistemas policiales y judiciales nacioanales encargados de combatir esas nuevas formas de criminalidad y que contribuyen en gran medida al reinante clima de inseguridad que afecta a todos los ciudadanos sin distinciones de estrato social o económico.
En ese contexto la surge la necesidad de armonizar las legislaciones penales, sustantivas y procesales y suscribir atendiendo a la realidad actual, convenios internacionales de cooperación entre las autoridades de la región SICA (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana) encargadas de la persecución penal y juzgamiento de los responsables de delitos cometidos habitualmente en el ámbito de la criminalidad organizada.
En este sentido y desde hace varios años, los representantes de los países del SICA procedentes de las Cortes Supremas, Ministerios de Seguridad e Interior, Ministerios Públicos y Procuradurías Generales de Justicia, han venido aunando esfuerzos con la valiosa cooperación de los expertos de la COMJIB, para el establecimiento de criterios de armonización de tipos penales habitualmente cometidos en el ámbito de la criminalidad organizada, evitando así lagunas de impunidad en los que se sustraigan del castigo quienes se dedican a la realización de esos delitos frecuentemente de carácter transnacional, o encuentren más “barata” o con menores costos su perpetración.
Por otro lado, se han elaborado dos proyectos de tratados internacionales, uno de cooperación reforzada entre las que se incluyen mecanismos tan novedosos como la persecución transfronteriza o “persecución en caliente”, que permitan una colaboración ágil y eficaz entre los distintos operadores de la región y otra de entrega simplificada que haga posible la implementación de una orden de detención con las debidas garantías de aquellos individuos que con la intención de evadir la justicia penal se refugien en el territorio de otro Estado de la región.
Para que el proyecto de armonización legislativa pueda ser una realidad mediante la creación de tipos penales e implementación de técnicas especiales de investigación como de formas de cooperación eficaz, se requiere en estos momentos que los actores políticos, para ser más concretos, los altos cargos de los Poderes Ejecutivos de la Región y los Poderes Legislativos, den un paso adelante y adopten las decisiones que conduzcan a la aprobación de reformas legislativas en el orden sustantivo y procesal penal para la eficaz persecución y castigo de quienes cometen delitos habitualmente cometidos en el ámbito del crimen organizado, como también de los instrumentos jurídicos internacionales antes mencionados.
La seguridad es uno de los componentes básicos para medir la calidad de vida de los ciudadanos. En los últimos años los países de la región han experimentado una merma con mayor o menor intensidad en ese renglón, que además de comportar la pérdida de numerosas vidas, el menoscabo de la libertad e integridad corporal, patrimonial y de otros bienes jurídicos de muchas personas; incide negativamente en el desarrollo socioeconómico de nuestros países, obligados por un lado a destinar gran parte sus menguados presupuestos al combate del delito y por otro afectados en sus niveles de inversión de carácter local e internacional.
Quienes participamos en este proyecto, realizando aportaciones de carácter especialmente técnico, esperamos con optimismo que esos pasos a los que antes hemos aludido, no se hagan esperar, para beneficio de millones de ciudadanos en nuestra región, digna de mejor suerte.
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Carlos Calix es Punto Focal de Poder Judicial de Honduras para la COMJIB; Abogado y Notario, Doctor en Derecho, Especialista en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas, Profesor en el Programa de Postgrado en Derecho Penal y Procesal Penal y en la Maestría en Derechos Humanos y Desarrollo de la UNAH, Profesor en las Maestrías de Derecho Procesal Penal de las Universidades UTH de Honduras y SERGIO ARBOLEDA de Bogotá, Colombia;, Magistrado de la Sala de lo Penal Corte Suprema de Justicia de Honduras.