El 5 de marzo de 2026, los Ministros, Ministras y Altas Autoridades de Justicia de los países iberoamericanos se reunieron en la capital panameña para celebrar la XXIV Asamblea Plenaria de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB).
La Plenaria contó con la participación de autoridades de 15 países —Andorra, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, España, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana y Uruguay—, así como con representantes de 18 organismos internacionales, consolidando un encuentro de alto nivel con una amplia diversidad de perspectivas y experiencias.
La reunión culminó con la firma de la Declaración de Panamá, un documento estratégico que recoge los acuerdos adoptados durante la jornada, reafirma el compromiso de los Estados con el Estado de Derecho y proyecta una visión renovada de la justicia para los próximos años.
El hito principal de la Asamblea fue la aprobación de la Convención Iberoamericana de Acceso a la Justicia, un instrumento pionero a nivel global que establece un marco vinculante para garantizar que la justicia sea un derecho efectivo y sin barreras. La Convención pone especial énfasis en la protección de colectivos en situación de vulnerabilidad, como las mujeres víctimas de violencia, los pueblos indígenas y la infancia, asegurando mecanismos institucionales sólidos para el ejercicio de sus derechos. Este avance se inspira en los desarrollos de la Cumbre Judicial Iberoamericana, especialmente en las Reglas de Brasilia, que han sentado las bases para un acceso más inclusivo y equitativo a la justicia.
Además de este logro, la Asamblea consolidó una agenda de modernización del sistema de justicia. En este marco, se aprobaron los Estándares Mínimos Iberoamericanos para la Humanización de la Política Criminal y Penitenciaria, priorizando la resocialización y la dignidad humana como ejes centrales. Asimismo, se avanzó en la implementación del Protocolo contra el Acoso Sexual por Razón de Género en el Ámbito Laboral y en la adopción de estándares de justicia juvenil restaurativa.
La cooperación jurídica internacional ocupó también un lugar central en la agenda. Se destacó la necesidad de potenciar IberRed y la plataforma Iber@ como medios preferentes para la transmisión de solicitudes de cooperación jurídica, en el marco del Tratado de Medellín, reconociendo su seguridad, rapidez y eficiencia. Igualmente, se firmó un Memorando de Entendimiento con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con el objetivo de alinear los estándares iberoamericanos con las mejores prácticas globales y contribuir al desarrollo económico y la estabilidad institucional.
Durante las sesiones, se resaltó la labor del Secretario General, Enrique Gil Botero, cuya gestión ha permitido avanzar en el fortalecimiento institucional de la COMJIB. En este sentido, la Conferencia acogió el ofrecimiento de Panamá para establecer una Oficina Regional de la COMJIB en su Ministerio de Gobernación. También se celebró la incorporación de Cuba al Programa Iberoamericano de Acceso a la Justicia (PIAJ) y la aprobación de la Línea de Trabajo 6: Seguridad Jurídica, integrada por Uruguay, Panamá y Colombia.
Finalmente, el Secretario General destacó en su informe ante la Plenaria el continuo apoyo del Consejo General del Notariado, cuyo respaldo institucional, técnico y económico ha sido fundamental para la implementación de los avances alcanzados.
Las decisiones adoptadas en Panamá constituyen la hoja de ruta para el próximo bienio de la COMJIB y reafirman el papel de la justicia como pilar esencial para la paz social, el fortalecimiento del Estado de Derecho y el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030 en la comunidad iberoamericana.
