Como bien saben, la crisis de la COVID-19 puso a prueba los sistemas de justicia como pilares de los Estados democráticos de la región que ya estaban atravesando un periodo de retos marcado por una ola de protestas masivas desde finales del 2019 a inicios del 2020, motivadas por el descontento social, la vulnerabilidad persistente y la pobreza en aumento. La interlocución mantenida con los titulares y equipos de los Ministerios de Justicia e instituciones análogas de la región iberoamericana durante 2020 desveló una serie de preocupaciones comunes y prioridades a abordar en este ciclo excepcional relacionadas con la criminalidad organizada, en concreto, en relación con los nuevos modelos de actuación de las organizaciones criminales que aprovecharon la masiva demanda internacional de medicamentos y material sanitario y la menor presencia de las fuerzas de seguridad en fronteras y enclaves de valor medioambiental.
La COMJIB ha publicado un documento en el que se analiza la incidencia y el alcance de aquellas nuevas manifestaciones de criminalidad informática, o también denominado ciberdelito, y de las nuevas formas de criminalidad en materia de medioambiente y lucha contra la corrupción durante la pandemia COVID-19 en los países iberoamericanos. Asimismo, se reflejan las nuevas medidas y políticas que se están adoptando para combatirlas y se incluyen recomendaciones de políticas públicas para mejorar los mecanismos de prevención, investigación y sanción de estos delitos en los países iberoamericanos.
Este informe se enmarca en la línea de trabajo de la COMJIB de “Cooperación Jurídica Internacional, apoyo a IberRed y lucha contra el crimen organizado internacional” y se realizó gracias al apoyo de la Cooperación Española, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).