El 6 de julio, la COMJIB y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo para América Latina y el Caribe consolidaron su compromiso de apoyar a los países iberoamericanos, conectar a los y las protagonistas de las transformaciones del sector y potenciar las practicas prometedoras, a través de la firma de un Memorándum de Entendimiento rubricado entre el Secretario General de la COMJIB, Enrique Gil Botero, y la Directora Regional Adjunta y Administradora Adjunta para América Latina y el Caribe del PNUD, Linda Maguire.
En la región, persisten desafíos importantes en términos de gestión de la justicia desde un enfoque de derechos humanos, al mismo tiempo que existe un enfoque en soluciones de acceso a la justicia como motor para asegurar derechos humanos. En el reporte “Innovación, resiliencia y transformaciones urgentes hacia una justicia inclusiva en América Latina y el Caribe”, el PNUD resalta que los poderes judiciales de la región tienen la oportunidad de darle prioridad a la transformación de sus capacidades institucionales, de una forma que les permita tener un rol central y proactivo en la definición de la política pública de justicia frente al escenario generado por la pandemia, una opinión que comparte con la Conferencia.
Ambas instituciones afirman que es esencial priorizar el aumento de las capacidades del poder judicial y de planificación estratégica para impulsar reformas y herramientas que mejoren la eficiencia de los servicios judiciales de manera acorde a las exigencias de la nueva normalidad impuesta por la COVID-19, poniendo temas como la innovación, las nuevas tecnologías, la creación ciudadana y la inclusión en el centro de la agenda institucional.
Por ello, el PNUD y la COMJIB se comprometieron a potenciar juntos las siguientes líneas de acción:
- Impulsar la agenda 2030 y el ODS 16 en Iberoamérica mediante el posicionamiento de conocimientos, prácticas, herramientas y soluciones innovadoras de justicia inclusiva centrada en las personas;
- Reforzar la implementación de las áreas de trabajo consensuadas por los países latinoamericanos en materia de acceso a la justicia, justicia y género, nuevas tecnologías aplicadas a la administración de justicia y apoyar las reformas de los sistemas penitenciarios;
- Impulsar experiencias de innovación y transformación institucional en el sector de justicia, con énfasis en procesos de digitalización de servicios de justicia centrados en las personas;
- Fomentar el intercambio de experiencias en administración de justicia entre los países de Iberoamérica y otras regiones.
“El Acuerdo que firmamos con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo para América Latina y el Caribe renueva el compromiso de acompañar, conectar y potenciar las prácticas prometedoras iberoamericanas de justicia inclusiva” afirmó el Secretario General de la COMJIB, Enrique Gil Botero.

