El pasado 26 de junio tuvo lugar en Antigua, Guatemala, la XLV Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de los países del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), con la suscripción de la “Declaración de Antigua Guatemala”, en la que se establecieron las nuevas prioridades definidas por los mandatarios de los países adheridos al SICA
A la cita acudieron los presidentes de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén; Guatemala, Otto Pérez Molina; Honduras, señor Juan Orlando Hernández ;y República Dominicana, Danilo Medina. Los vicepresidentes de Costa Rica, Fallas Venegas y de Panamá, Isabel de Saint Malo de Alvarado; el Ministro de Fomento Industria y Comercio República de Nicaragua Orlando Solórzano y el Embajador de Belice en la República de Guatemala, Alexis Rosado.
La República de Guatemala finalizó su período al frente del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), haciendo entrega de la Presidencia Pro Témpore (PPT) de este organismo regional a la República de El Salvador, que la ostentará de julio a diciembre del presente año.
Durante el acto oficial, el Presidente de El Salvador, señor Salvador Sánchez Cerén, destacó que bajo el liderazgo de Guatemala, se reactivaron espacios de diálogo y se avanzó en la ejecución de los proyectos de la Estrategia de Seguridad Centroamericana (ESCA), donde se incluye el proyecto de Armonización de la Legislación Penal para combatir eficazmente el crimen organizado.
Para la Secretaría General de SICA “este proyecto es un bien público regional que ha permitido la implementación de los preceptos del Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica. Gracias a su ejecución se ha fortalecido la institucionalidad regional en materia de Justicia y Seguridad, mediante la elaboración y aprobación de un Marco Normativo Armonizado, que en este momento es la base de un proceso de reformas legislativas en los países del SICA, y se constituye en un espacio regional en el cual las instituciones nacionales y regionales del sector justicia y seguridad han formulado nuevas propuestas de instrumentos jurídicos genuinamente regionales. Estos esfuerzos son orientados a lograr mayor efectividad para enfrentar el fenómeno del crimen organizado”.
Un importante resultado del proyecto es el impulso a la creación de nuevos códigos penales, bajo el acompañamiento de COMJIB, en algunos países como Costa Rica, República Dominicana y Honduras, con apoyo de AECID.
También en el marco del proyecto se han continuado las labores del revisión del Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica a través del Grupo de Trabajo Ad-Hoc que fue suscrito por los Gobiernos de las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, en 1995, para que el resto de países pertenecientes al SICA puedan sumarse al acuerdo y fortalecer su efectividad. Este instrumento jurídico regional establece que el Modelo de Seguridad Democrática se fundamenta en la democracia, el fortalecimiento de sus instituciones y el Estado de Derecho; la existencia de gobiernos electos por sufragio universal, libre y secreto y en el irrestricto respeto de los derechos humanos; por lo que sus disposiciones garantizan la seguridad de los Estados centroamericanos y sus habitantes, mediante la creación de condiciones que les permita su desarrollo personal, familiar y social en paz, libertad y democracia.