Los pasados 8 y 9 de julio tuvo lugar el Seminario “Mejora de la coordinación interinstitucional en casos de corrupción y delitos económico-financieros”, en el marco del II Encuentro del Programa Eurosocial II que se celebró en La Antigua, Guatemala, del 7 al 10 de julio de 2014.
Este encuentro se inscribe en el ámbito de institucionalidad democrática del Programa Eurosocial II, coordinado por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), y en concreto en la línea de trabajo relativa a la mejora de los mecanismos de coordinación interinstitucionales para la lucha contra delitos económico-financieros vinculados a la corrupción, cuya ejecución ha sido encomendada a la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB).
El seminario se desarrolló de acuerdo a un formato mixto. La primera jornada se orientó a la presentación de algunas experiencias de coordinación interinstitucional, tanto las derivadas de las actividades desarrolladas en el marco de este proyecto, como las llevadas a cabo por algunos de los principales organismos internacionales que trabajan en este ámbito. La segunda jornada se estructuró en torno a dos talleres en paralelo en los que representantes de los países y redes implicados en el proyecto avanzaron de cara a la concreción de los próximos pasos a dar en el marco de los componentes nacional y regional de esta iniciativa:
Por un lado, definiendo las líneas básicas de las iniciativas a desarrollar en el marco de los planes de trabajo en los cinco países (Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras y Perú), a través de iniciativas de asistencia técnica, intercambios de experiencias y capacitación.
Por otro lado, estableciendo una hoja de ruta para el apoyo y el acompañamiento a distintas redes en la elaboración de un documento de recomendaciones que contemple medidas concretas para la mejora de la coordinación interinstitucional en casos de corrupción y delitos económico-financieros.
A lo largo de las dos jornadas de trabajo se contó con un amplio elenco de representantes de distintas instituciones: organismos asociados al proyecto en los cinco países, incluyendo administraciones públicas, ministerios públicos, poder judicial o contralorías; redes implicadas en el componente regional del proyecto (Asociación Ibero Americana de Ministerios Públicos; Centro Interamericano de Administraciones Tributarias; Cumbre Judicial Iberoamericana; COMJIB; Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores); Organismos Internacionales (OCDE; Naciones Unidas; Unión Europea; Organización de Estados Americanos; Conejo de Europa); y expertos en materia de lucha contra la corrupción.