Comunicado conjunto de los organismos iberoamericanos ante la pandemia del COVID19
El pasado lunes 13 de abril tuvo lugar una reunión extraordinaria de los Secretarios/as Generales de los organismos iberoamericanos: Rebeca Grynspan, secretaria general de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), Mariano Jabonero, secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la educación, la ciencia y la cultura (OEI), Gina Magnolia Riaño Barón, secretaria general de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), Max Trejo, secretario general del Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica (OIJ) y Enrique Gil Botero, secretario general de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB).
En esta reunión los secretarios y secretarias generaron un comunicado conjunto donde hacen un llamado a colaborar para hacer frente al COVID-19 en Iberoamérica, reiteran la total disposición de continuar e intensificar la colaboración de los organismos iberoamericanos en las necesidades que se derivan de la respuesta a la pandemia del COVID19 por parte de los gobiernos de los países iberoamericanos, y recuerdan fortalecer el multilateralismo como la mejor herramienta para afrontar las crisis globales, como la presente, entre otros puntos.
Las Ministras y Ministros de Justicia y autoridades análogas de Iberoamérica reunidos para coordinar políticas públicas de Justicia ante el COVID-19
El pasado miércoles 22 de abril de 2020, la COMJIB realizó la Primera Reunión Virtual de Ministras y Ministros de Justicia y autoridades análogas con el fin de generar un espacio de diálogo y establecer un mecanismo de trabajo conjunto para enfrentar la pandemia del COVID-19 en Iberoamérica.
Presidido por el Secretario General, Enrique Gil Botero, este encuentro desarrollado por la Plataforma ZOOM, contó con la participación de numerosas autoridades en materia de Justicia, en representación de 15 de los 22 países de la región estuvieron presentes: Joan León, Secretario de Estado de Interior y Justicia del Principado de Andorra; Marcela Losardo, Ministra de Justicia y Derechos Humanos de la República Argentina; Sergio Moro, Ministério da Justiça e Segurança Pública de la República Federativa de Brasil; Hernán Larraín Fernández, Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la República de Chile; Margarita Cabello, Ministra de Justicia y del Derecho de Colombia; Fiorella Salazar Rojas, Ministra de Justicia y Paz de Costa
Rica; Diana Salazar Méndez, Fiscal General del Estado de Ecuador; Juan Carlos Campo, Ministro de Justicia del Reino de España; Ricardo Montes, Subsecretario de Justicia de Honduras; Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación de México y Paulina Téllez, titular de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobierno de México; Rubén Maciel, Vice Ministerio de Política Criminal y Edgar Taboada, Vice Ministro de Acceso a la Justicia, en representación de Cecilia Pérez Rivas, Ministra de Justicia del Paraguay; Ministro de Justicia y Derechos Humanos del Perú, Francisca Van Dunem, Ministra de Justicia de Portugal; Jean Alain Rodríguez, Procurador General de la República Dominicana; y Pablo Iturralde, Director de Asuntos Jurídicos, Legales y Registrales del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay.
Durante este encuentro que duró tres horas y media, los funcionarios compartieron la preocupación por las consecuencias del avance de la pandemia en los servicios que ofrecen sus carteras.
El foco estuvo puesto en las políticas carcelarias y dentro de ellas, en cómo asegurar la salubridad de la población privada de la libertad y de las personas que allí trabajan; en la comunicación con sus familiares; en la garantía de la debida defensa; y en las alternativas para reducir los niveles de hacinamiento, entre otras cuestiones que se presentan como urgentes en este momento.
Asimismo, se abordaron temas como el fortalecimiento de las medidas para atender el incremento en los casos de violencia de género e intrafamiliar; la prestación de los servicios de acceso a la justicia de forma remota; y el funcionamiento de los registros públicos para trámites, sobre todo, de defunción.
Una de las características comunes fue el esfuerzo en el desplazamiento hacia la digitalización y la puesta en marcha de mecanismos nuevos para la atención pública. Lo cual se mencionó como rezagado en parte de la administración de Justicia y que será necesario modificar de cara al futuro.
En este marco, se aprobó un esquema de reuniones técnicas coordinadas por la Secretaría General y con la participación de los equipos de cada institución, sobre: (a) acceso a la justicia y servicios a la población; (b) sistema penitenciario; (c) violencia de género; (d) aplicación de nuevas tecnologías; y (e) cooperación jurídica internacional. También se incluyó como punto esencial, trabajar en materia de Derechos Humanos de la mano de la OEA y en ciberdelito. Así también, de definió la generación de un sistema de información fiable y accesible de medidas adoptadas, alimentado por los propios países y que será administrado y publicado por la Secretaría General de la COMJIB.
En el cierre del encuentro, el Secretario General, Enrique Gil Botero, concluyó que “tenemos una región cohesionada y comprometida con el quehacer público en materia de Justicia” y afirmó que esta situación “nos hace más flexibles en la vocación de mejorar la justicia y garantizar el goce de los derechos humanos. Nos llama a pensar un futuro distinto que está a la vuelta de la esquina. Compartimos desafíos similares y contamos con una cultura de solidaridad con los países hermanos, y por eso estamos aquí, abiertos al diálogo y a la construcción de mejores políticas públicas en materia de Justicia, pues reconocemos que esa tarea no es individual, sino que la sabemos colectiva”.
La reunión terminó con el compromiso de realizar un nuevo encuentro dentro de un mes y medio.
COMJIB-BID: Identificando medidas contra hacinamiento carcelario ante COVID-19
El 3 de abril de 2020 en una alianza estratégica el BID y la COMJIB convocaron a las Ministras y a los Ministros de Justicia de Iberoamérica a un dialogo por videoconferencia para identificar experiencias en marcha en la región para dar solución al hacinamiento carcelario ante la crisis sanitaria del COVID-19.
Posteriormente Enrique Gil Botero, Secretario General de la COMJIB expuso, ante una audiencia virtual de más de 160 participantes, entre autoridades y expertos en la materia, la propuesta técnica que parte de la necesidad, ya preexistente en la región, de reemplazar la política criminal caduca, donde “la única respuesta del Derecho Penal es la prisión, y construir una política penitenciaria racional, humanista y resocializadora”. Por tanto, la imposición de medidas alternativas a la prisión, en particular ante el COVID-19, “no es un acto de impunidad, sino de humanidad”.
Se propone que, las experiencias de medidas alternas a la privación de libertad adoptadas por cada Estado como respuesta ante la crisis sanitaria, son sumamente enriquecedoras para que, a partir de ellas, continuar con un proceso sistemático de aplicación de medidas alternas a la privación de la libertad, no ya como una medida urgente ante la crisis sanitaria del COVID-19, sino como medidas a mediano y largo plazo que nos permitan trabajar en una nueva política criminal coherente con el respeto de los derechos humanos y del Estado de Derecho. En particular, se propone el establecimiento de sinergias entre el BID y la COMJIB para poder llevar a cabo, en un futuro inmediato post pandemia, un proyecto de cooperación internacional mediante el cual se establezcan proyectos pilotos para reforzar en los países Latinoamericanos la introducción, definición y aplicación de las medidas no privativas de libertad; con especial atención se establezcan de regímenes de vigilancia multidisciplinarios, con mecanismos eficientes y eficaces de supervisión de las medidas no privativas de libertad y aplicación de evaluaciones sistemáticas, que permitan demostrar la pertinencia de las medidas y al mismo tiempo nos permita desarrollar mecanismos de aplicación, seguimiento y supervisión de las recomendaciones adoptadas por los Ministerios de Justicia y las autoridades análogas en la materia en el ámbito de la COMJIB; entre otras medidas.
Diálogo Regional Virtual Las situación de las cárceles ante el COVID-19. Propuestas y acciones de los Estados para garantizar la sanidad y la seguridad en el sistema penitenciario.
El próximo viernes 3 de abril de 2020 se realizará por primera vez, en forma virtual, una reunión del más alto nivel de autoridades del sector justicia para atender las problemáticas específicas del sistema penitenciario en la región.
Este encuentro tiene como objetivo generar un espacio de reflexión, cooperación y diálogo, junto a reconocidos especialistas, para hacer frente a los desafíos comunes de la crisis causada por la pandemia del COVID-19. El debate se centrará en las medidas adoptadas en el sistema penitenciario, por ser uno de los ámbitos con mayor exposición al avance de la pandemia en el sector de la justicia.
Invitamos a unirse al Diálogo Regional Virtual: “¿Cómo atender los desafíos en el sistema penitenciario en el contexto de una crisis de salud pública? Compartiendo experiencias y aprendizajes en ALC y el mundo para la gestión de la pandemia del COVID-19”, que cuenta con el apoyo de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB) y la organización del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Puede ingresar a las sesiones por la plataforma Zoom, mediante el siguiente link: iadb.org/PrisionesCOVID19 (huso horario GMT-4)
Para más información y para consultar la agenda, haga click en los documentos adjuntos.
Agenda – Dialogo Regional Virtual – prisiones y COVID – 19 – VF.pdf 
La COMJIB presente en la lucha frente al COVID-19
Ante la situación de emergencia que estamos viviendo en todos los países de la región iberoamericana para hacer frente al COVID-19 y las medidas que se están adoptando para frenar y mitigar las consecuencias de esta pandemia, desde la Secretaría General de COMJIB acompañamos a los Ministerios de Justicia y a las instituciones homólogas, promoviendo el diálogo entre sus representantes.
Esta pandemia demanda esfuerzos conjuntos y la red sectorial de Justicia en Iberoamérica es de alto impacto por los servicios que brinda y por el contacto cotidiano con una parte importante de la población.
Es por ello, que ponemos a disposición la nota del Secretario General, Enrique Gil Botero, y el documento “Aportes para Ministras y Ministros de Justicia y autoridades de instituciones homólogas de la Comunidad Iberoamericana ante el COVID-19” para que sea considerada como una base mínima de políticas públicas frente a la crisis. Este documento fue elaborado gracias al material remitido por los representantes de los países y contiene algunas recomendaciones adicionales.
Además, acompañamos el documento “Aportes para paliar la emergencia económica y social. Covid-19” con el propósito de ofrecer herramientas de carácter económico y social que confluyen con nuestro quehacer diario en el Sistema de Justicia, puesto que, para garantizar derechos y disminuir la violencia, hay que destinar recursos para el bienestar de la ciudadanía.
Estamos convencidos de que en situaciones de crisis y emergencia de esta magnitud, el Estado de Derecho debe estar presente con mayor fortaleza y promover medidas que garanticen el ejercicio de los derechos fundamentales, el bienestar y la paz social de los ciudadanos.
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